Se ubica entre las nueve catalogadas como “insuficientes” en el país, debido a las deficiencias encontradas.
La estación de migración ubicada en Puebla operaba hasta el año 2024 con deficiencias en infraestructura, servicios y condiciones para las personas migrantes que se alojaban de manera temporal. Las carencias llevaron al Estado a tener una calificación de 73 puntos, de un total de 100, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La evaluación, correspondiente al 2024, coloca a la estancia de Puebla entre las nueve catalogadas como “insuficientes”, debido a las deficiencias encontradas.
De acuerdo con Arturo Villaseñor García, director del Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes Puebla, la calificación obtenida es una “señal de alerta” sobre las acciones que actualmente se realizan en el territorio estatal para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
Para el experto, el reciente diagnóstico es la oportunidad para que los gobiernos federal y estatal rediseñen las políticas públicas en la materia.
El documento de acceso público exhibe que, a diferencia del año previo, la entidad elevó su calificación un 19 por ciento. En 2023 obtuvo una calcificación de 61 puntos; sin embargo, se mantuvo en la categoría de “insuficiente”.
Deficiente en infraestructura de salud y condiciones de alojamiento
En territorio estatal hay una estancia provisional tipo “B”, es decir, que permite el alojamiento de personas extranjeras por un periodo que puede ir de 48 horas hasta 15 días. Además, el plazo puede extenderse en situaciones específicas que requieran un proceso administrativo más largo, como la resolución de un recurso legal o la identificación de familiares.
La estancia, localizada en avenida Reforma número 1907-5, en la capital poblana, tiene una capacidad para 60 personas; sin embargo, al momento del diagnóstico no había personas albergadas.
La evaluación contempla cuatro rubros. En la infraestructura de salud se expone que cuenta con área médica, pero carece de personal para atender a la población. El espacio tampoco cuenta con un área de atención psicológica ni con un consultorio dental para quienes llegan al territorio.
Personal de la estancia no informó si se cuenta con un área de cocina y tampoco aclaró qué empresa se encarga de suministrar los alimentos.
Respecto a infraestructura de seguridad, la estancia en la capital carece de mangueras hidratantes, pues sí se registró la instalación de cámaras de seguridad, detector de humo y extintores. Además de protocolos de disturbios, desastres naturales y de incendio, pero no se aclaró la vigencia de los mismos.
Sobre las condiciones de alojamiento, se expuso que no cuenta con un área designada para visitantes, tampoco privacidad en los sanitarios de mujeres y personas vulnerables. En el documento se aclara que, al momento de la visita, las puertas de estos espacios estaban pendientes de su colocación.
Los ventiladores, el aire acondicionado o la calefacción también estaban pendientes de su instalación.
La categoría en donde no se reportan deficiencias fue en la protección y defensa jurídica. Según el diagnóstico, la estancia cuenta con protocolos de atención a víctimas, así como traductores electrónicos e información pública sobre sus derechos y obligaciones.
Se requiere plan integral para atender a la población
El especialista en temas de migración, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que las estancias o centros donde se alojan personas en desplazamiento deben asegurar condiciones dignas que respeten los derechos humanos.
Expuso que la falta de espacios adecuados y deficiencias en otras áreas generan un ambiente de mayor vulnerabilidad. Villaseñor García señaló que cuando no se garantiza un entorno seguro y humano, se está negando el acceso a derechos básicos reconocidos tanto por leyes nacionales como por tratados internacionales.
Señaló que no se trata de ofrecer comodidades excesivas, sino de cumplir con las condiciones mínimas necesarias para una vida digna. En este sentido, enlistó el acceso a baños independientes, áreas comunes, espacios para recibir visitas, atención de psicólogos y otros profesionales que brinden apoyo emocional y legal.
En este sentido, precisó que se deben establecer espacios seguros para la población LGBT+, infantes y adolescentes.
Arturo Villaseñor comentó que este panorama pone en evidencia la necesidad de generar un plan integral en materia de derechos humanos para esta población que asegure el respeto, la dignidad y la protección integral.
Sobre esto, indicó que las autoridades federales y estatales deben diseñar, en conjunto, el plan integral para atender a las personas que se desplazan para mejorar sus condiciones de vida.
Cabe señalar que en el diagnóstico se informa que en 2024, el INM destinó 252 mil 542 pesos a la estancia en territorio poblano. Dicho recurso fue utilizado para realizar acciones de remodelación, sin dar detalles.
Finalmente, se indica que desde mayo de 2023 a septiembre de 2024 la estancia poblana estuvo cerrada debido al proceso de remodelación, por lo que no tuvo migrantes alojados durante la revisión de la CNDH, lo que impidió conocer la percepción de los migrantes.
