Expertos aseguran que la propuesta del gobierno estatal representa un retroceso en el control civil de la seguridad de la ciudadanía
La militarización de las instituciones de seguridad pública no ha frenado la inseguridad en el país, analizaron especialistas, quienes contradijeron la propuesta del gobierno estatal para permitir a militares y marinos dirigir la Policía Auxiliar.
De acuerdo con Simón Hernández León, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y catedrático de la Ibero Puebla, y Rodolfo Tadeo Luna De La Mora, doctor en Criminología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la propuesta del gobierno estatal representa un retroceso en el control civil de la seguridad de la ciudadanía.
En entrevista, Hernández León subrayó que es preocupante que en los últimos años la respuesta institucional a los problemas de seguridad pública haya sido la militarización, no solo a nivel local, sino también en instituciones federales, como la Guardia Nacional.
Desde su perspectiva, la apuesta por encabezar todo el ordenamiento de seguridad en mandos militares y navales no ha dado resultados. Según dijo, la violencia y la inseguridad a nivel nacional y estatal se han mantenido como una condición vigente y permanente.
Aunado a esto, el especialista resaltó que los mandos castrenses no están preparados para encabezar tareas de seguridad pública, pues su formación es primordialmente militar.
Del mismo modo, Hernández León puntualizó que darle las riendas de una institución como la Policía Auxiliar a integrantes de la Marina es la confusión que puede generar en las cadenas de mando y la rendición de cuentas.
Según dijo, los militares o marinos en activo asignados a las secretarías de Defensa Nacional o a la Marina mantienen su obediencia a dichas dependencias, pero al mismo tiempo, al llevar a cabo funciones civiles, deben estar subordinados a una autoridad civil.
Desde su perspectiva, esto resulta preocupante debido a que no es claro el ámbito de mando para los elementos.
Por otra parte, el académico advirtió sobre un retroceso en las condiciones de cumplimiento de las obligaciones, supervisión y rendición de cuentas. Según consideró, se entrega más poder a las estructuras militares en el estado sin que existan contrapesos o esquemas de supervisión para que dichas instituciones rindan cuentas.
Propuesta pretende fortalecer la militarización
De forma análoga, Luna De La Mora, también catedrático de la Ibero Puebla, consideró que la iniciativa es claramente una estrategia de militarización de la seguridad pública.
Desde su perspectiva, la militarización de la seguridad pública no ha dado las respuestas ni brindado las soluciones esperadas para la resolución de los problemas de seguridad pública que se viven a nivel estatal.
En ese sentido, el especialista cuestionó la necesidad de establecer un mando militar en la Policía Auxiliar, pues dicha corporación nace con el objetivo de contener el orden, vigilar y establecer contacto con la ciudadanía como primeros respondientes.
Por otra parte, respecto a los riesgos de concentrar el poder en mandos navales que pueden permanecer hasta 12 años en el cargo, Luna De La Mora advirtió que existe evidencia sobre los peligros de la militarización.
Según dijo, la lógica militar es muy distinta a la lógica de las corporaciones civiles o de las policías civiles.
Asimismo, expuso que las lógicas militares van más orientadas a la eficacia o a la eficiencia, a dar resultados cueste lo que cueste, lo que en muchos casos va en contra de la legalidad; por ejemplo, en las detenciones, generando riesgos para los derechos humanos.
Del mismo modo, el investigador advirtió que, mientras se sigan consolidando puestos importantes de las corporaciones supuestamente civiles a militares o a las Fuerzas Armadas, se sigue debilitando la idea de policía civil, creando un desbalance entre autoridad civil y autoridad militar con riesgos para la organización democrática del país a largo plazo.
Luna De La Mora afirmó que esta situación representa la victoria de la ideología de la mano dura. El militarismo hace creer en una falsa dicotomía entre derechos y seguridad, como si se tuviera que elegir entre uno u otro, cuando no están peleados.
También consideró que la imposición de estas lógicas militares de obediencia, jerarquía rígida y mano dura pone en riesgo el ejercicio de derechos y las libertades.
Advierten sobre creciente presencia de mandos navales
Frente a ese contexto, Hernández León afirmó que, respecto a la creciente presencia de militares y marinos en corporaciones municipales, ha habido un retroceso en los niveles de seguridad a nivel municipal.
Además, el especialista calificó esta situación como una renuncia a fortalecer las capacidades policiales, operativas y de equipamiento de las corporaciones municipales, pues consideró que se pretende sustituir dicha incapacidad con mandos militares.
Del mismo modo, criticó que los ayuntamientos que han adoptado la presencia de mandos navales o militares en sus instituciones de seguridad pública no han hecho esfuerzos importantes para fortalecer sus propias corporaciones, pues ha sido una salida muy fácil decir que el problema de violencia corresponde a la Federación.
También subrayó que en el ámbito local es donde se construye la paz y la seguridad, pero siempre sobre la base de una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
Hernández León advirtió que las presencias militares tanto en la policía como en los mandos de las direcciones de seguridad pública municipal son incompatibles y tienen que ser medidas de corta duración, siempre sujetas al mando civil.
Además, el académico señaló que, tal como funcionan actualmente estas estructuras militarizadas, son contrarias a varias decisiones contra México emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha establecido que la presencia militar en tareas de seguridad pública puede ser excepcional, extraordinaria, estar supervisada y bajo un mando civil.
Por otra parte, resaltó que el escándalo de corrupción que enfrenta la Secretaría de Marina fue abordado por ambos académicos como un elemento que debilita el argumento central para la militarización.
En ese sentido, Hernández León consideró que la crisis derivada de la corrupción detectada a nivel nacional, donde se ha relacionado a la institución con casos del denominado huachicol fiscal, le resta mucha credibilidad a la institución naval.
Por ese motivo, el experto recordó que desde hace varias administraciones se ha sostenido el discurso de que las corporaciones militares estaban blindadas frente a la corrupción y al cobro de impuestos por parte de la delincuencia organizada. No obstante, reconoció que esto no es así, pues tanto el Ejército como la Marina tienen dichas problemáticas.
Para Hernández León, no solo la respuesta militar no enfrenta la crisis de seguridad, sino que tiene que haber un replanteamiento con planes de salida.
Según dijo, en lugar de incrementar la presencia de la Marina, desde los municipios se deben ir cerrando estos espacios y retornando a una función civil antes que dejarlos en manos de estas corporaciones.
Por ese motivo, el especialista afirmó estar preocupado por el hecho de que la seguridad pública a nivel estatal y municipal recaiga en mandos navales.
Al mismo tiempo, el académico señaló que la corrupción tiene cuestiones culturales profundas en México y recordó que durante muchos años se ha considerado a las Fuerzas Armadas como instituciones confiables, algo que refleja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que siempre destaca la confianza ciudadana frente al Ejército y la Marina.
Sin embargo, citó a expertos en criminología que mencionan que lo que explica esta confianza es que no están en contacto con la ciudadanía a diario.
Pese a ello, el investigador fue enfático al señalar que el discurso de que se necesitan Fuerzas Armadas en tareas de seguridad porque no son corruptas, o porque las policías son muy corruptas y hay que poner mandos militares, se viene abajo con las noticias de las últimas semanas.
Finalmente, hay que recordar que la iniciativa presentada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, pretende modificar el decreto que crea la Policía Auxiliar para permitir que militares y marinos puedan dirigirla, extendiendo además el periodo del titular de tres a seis años, con posibilidad de ratificación por seis años más. Dicha propuesta fue enviada al Congreso local y será discutida en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
