La Coparmex advierte que la impunidad con la que se actúa ante el delito de secuestro en Chiapas, ha provocado que ese delito se repita de manera sistemática.
La Confederación Patronal de la República Mexicana(Coparmex)exigió al gobierno de Chiapas, al l municipio de Altamirano y la Secretaría de Gobernación (Segob) acciones coordinadas y contundentes para devolver con vida a 70 personas privadas de su libertad de forma ilegal por la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI) en ese ayuntamiento derivado de un conflicto electoral, que no tiene relación alguna con las víctimas.
“Hacemos un llamado enérgico al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López para atender la grave situación de violencia e ingobernabilidad en el municipio de Altamirano, Chiapas”, demandaron
La central patronal del país que encabeza José Medina Mora Icaza consideró inaceptable que las autoridades no puedan garantizar el libre tránsito y frenar la sistemática violación de derechos humanos en Chiapas donde se mantienen secuestradas al menos 50 personas por un conflicto electoral.
“Entre 30 y 50 personas retenidas –algunas desde diciembre del 2021 y alrededor de 20 transportistas, desde el 7 de febrero pasado-, sin que al momento las autoridades hagan valer el Estado de Derecho, para devolverle la libertad a los secuestrados y sancionar a los responsables con todo el peso de la Ley”, acusó
La Coparmex advierte que la impunidad con la que se actúa ante el delito de secuestro en Chiapas, ha provocado que ese delito se repita de manera sistemática.
Muestra de ello –agrega–es el aumento en 133%, solamente entre el primer y segundo semestre del 2021, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El conflicto social de Altamirano tiene que ver con el proceso electoral del 2018, cuando en las elecciones del 1 de julio ganó por el Partido Verde Ecologista de México, Roberto «N», rechazado por muchas comunidades y para el 6 de junio del 2021, el mismo partido postuló a su esposa, Gabriela «N» que asumió el cargo el 1 de octubre pero 20 días después lo desaforó el Congreso del Estado y nombró un concejo municipal.
La Coparmex acusó que el gobierno estatal encabezado por el morenista Rutilio Escandón, fue omiso también al no haber alertado de manera oficial sobre el riesgo que corría la población al circular en las zonas colindantes con Altamirano pues de haberlo hecho, se hubiera evitado que otras 20 personas fueran secuestradas y se sumaran a las ya privadas de su libertad desde diciembre del 2021.
“En Coparmex nos solidarizamos con las víctimas y nos sumamos a la exigencia de sus familias y ejidatarios de Altamirano, quienes urgen la actuación eficaz de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para lograr la liberación con vida de las personas privadas de su libertad. También exigimos justicia para sancionar a quienes sean responsables por acción u omisión, de esta grave violación a sus derechos humanos”, establece
