México avanza 14 posiciones en el índice de percepción de la corrupción SFP

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseguró que en dos años México avanzo 14 posiciones en el índice de percepción de la corrupción.

“México ha acumulado, en tan solo dos años de nuestro Gobierno, tres puntos de mejora y ha avanzado 14 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que contrasta con la caída de seis puntos y 33 lugares que lamentablemente se registró entre los años 2012 y 2018”.

La secretaria, dijo que la sostenida tendencia de mejora que evidencia la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional constituye una clara muestra de que las políticas impulsadas por la Función Pública para recuperar el interés general sobre el privado están dando resultados y van por buen camino.

“Estos indicadores son un reconocimiento al trabajo de todo un equipo de la mayor experiencia y que tengo el honor de presidir, que luchamos incansablemente por darle resultados a la ciudadanía, que al integrarla directamente a la lucha contra la corrupción se ha convertido en el mejor fiscalizador que tiene México”.

La secretaria Sandoval Ballesteros celebró que los resultados de Transparencia Internacional coincidan con otros estudios como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se confirma que el actual gobierno federal ha logrado constituirse como el más honesto en la historia de México, y ha duplicado la población que confía en él y en las políticas anticorrupción de la Función Pública, pasando de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.

Como parte de los logros obtenidos, Sandoval Ballesteros destacó que, por segundo año consecutivo, México logró avanzar en el IPC, en esta ocasión obteniendo 31 puntos de 100 posibles, dos más que en la edición anterior, en la que el actual Gobierno de México ya había detenido la franca caída que registraba nuestro país.

La mejora de este año también significó avanzar seis posiciones en el ranking de países, al pasar del lugar 130 al 124.

Entre las acciones que la Secretaría de la Función Pública concreto en el año 2020, destacan la aplicación de los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, que impulsó en el seno del “Sistema Nacional Anticorrupción” y que llevaron a alcanzar la cifra récord de más de Un Millón 300 Mil personas servidoras públicas que declararon.

En el marco de la “Contingencia Sanitaria” por la “COVID-19”, se focalizó la vigilancia de las compras públicas y recepción de denuncias, lo que resultó, entre otras cosas, en la sanción a empresas y personas servidoras públicas que pretendieron lucrar con la salud pública en perjuicio de la población.

Una de las acciones que se destacan, es la emisión que se hizo a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), sobre el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción, que es una herramienta que coordina las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de la persona alertadora para garantizar su certeza y seguridad jurídica, y promueve mecanismos de protección oportunos y eficaces que resguarden su integridad en todos los aspectos.

“Con este protocolo se replican las mejores prácticas a nivel internacional, a través de esquemas que permiten reconocer la importancia de la denuncia ciudadana, con base en los principios de los tratados y convenios de los que México es parte”.

La Funcionaria Federal destacó que un avance de suma relevancia fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a una contradicción de tesis denunciada por ella misma en su calidad de titular de la Función Pública, con la que se da certeza a los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados contra personas servidoras públicas como parte de la lucha contra la impunidad.

Así, se logró que ahora los procesos por faltas administrativas que cometan los servidores públicos, cuya investigación inició a partir del 19 de julio de 2017, se lleven a cabo de acuerdo con las reglas procesales de la Ley General en la materia, lo que cierra la ventana jurídica que demoraba la resolución en tribunales de diversas sanciones por irregularidades en la Administración Pública Federal (APF).

Con lo que la Función Pública emprendió decididas acciones para acabar con la impunidad, al emitir sanciones a ex funcionarios del más alto nivel, entre las que destacan el ex Titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer y la ex Secretaria de Cultura María Cristina García Ceda, en la Administración del Ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Así mismo destacó que por primera vez en la historia se presentó el Informe de Fiscalización de la Función Pública, lo que fortalece la transparencia democrático-expansiva y la rendición de cuentas del Gobierno de México, y en el que se dan a conocer las acciones realizadas para promover una nueva ética pública con austeridad republicana, probidad, eficacia y legalidad en la APF.

En 2020, Sandoval Ballesteros firmó convenios con instituciones como la Fiscalía General de la República, las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a fin de fortalecer la colaboración interinstitucional para una lucha más efectiva contra la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública de México.

Y frente a los retos que ha implicado la pandemia del “COVID-19”, la Función Pública lanzó una estrategia de capacitación en línea a través del Sistema de Capacitación Virtual para Servidores Públicos (SICAVISP), con el objetivo de avanzar en la profesionalización de toda la APF y la consolidación de su formación ética, que es uno de los ejes con los que se cimentó la dependencia desde el principio de la administración.